Una ley que es de ley

CLARET SERRAHIMA / ÓSCAR GUAYABERO
EL PAÍS - 06-09-2006

Otra vez en periodo electoral, ¡vaya una lata! Otra vez el país medio parado por unos meses, otra vez los proyectos públicos a medio gas, otra vez, y eso es lo peor, los políticos de bolos por el territorio, deshaciéndose en sonrisas. Estemos en precampaña o en campaña, la verdad es que el Parlament de Catalunya será, de aquí a Navidad, poca cosa más que un club social. Quizá, si todo se detiene, deberían no cobrarnos impuestos durante este tiempo. Teniendo en cuenta que en Barcelona el 19% de nuestro sueldo se va en tributos, sería un desahogo, pero claro, deberían hacer una ley y los políticos no están ahora para leyes.
Tenemos leyes para casi todo. Hay leyes obsoletas que aún perduran y leyes que esperamos y no llegan. Se dice que las leyes van siempre por detrás de la sociedad. Eso ha sido cierto en el caso de la eutanasia o los matrimonios de personas del mismo sexo, y en un sinfín de ellas. Realmente, es importante legislar entendiendo que una ley es una opción política.
En este sentido, hay la Ley del Derecho a la Vivienda pendiente de aprobación y que tiene muchas posibilidades de no prosperar. La culpable es la denominada dinámica parlamentaria. Es decir que, en periodos de precampaña o campaña o lo que sea, poco importa el contenido de una propuesta y sólo importa quién la hace y qué se gana, electoralmente hablando, apoyándola o rechazándola. Esquerra Republicana (ERC) ya no vota ni las leyes que ellos mismos propusieron, hace no tanto. Convergència i Unió (CiU) sigue en la labor de desgaste del Partit dels Socialistes (PSC) y ahora también de su nuevo candidato, y el PP..., bueno, nadie sabe qué piensa el PP más allá de decir que no a todo. Así las cosas, las leyes que impulsan el PSC e Iniciativa Verds (ICV) se quedan en un limbo político muy poco esperanzador para ellas; en algunos casos será un coma irreversible. ¿Habrá eutanasia para las leyes? Como siempre, los ciudadanos pagaremos los platos rotos. Por mala gestión o intereses de partidos, nos vamos a quedar sin una ley imprescindible. Es una ley que se enfrenta al problema de la vivienda de forma valiente y en la que se hacen algunas propuestas innovadoras. Nada de eso importa, lo importante es que hay elecciones y, por tanto, lo prioritario es saber cómo se sitúan los candidatos en las encuestas. Uno, desde la ignorancia, se pregunta la responsabilidad que tendrán los partidos del retraso, sino del fracaso de esta ley. ¿Seguirán diciendo, cuando estén en campaña, que les preocupa el acceso a la vivienda? Quizá deberían sonrojarse al hacerlo.
No es una ley más que no se aprobará, es la pérdida de una oportunidad única. Las circunstancias hacen difícil que se repita esta propuesta tal como está y que la asuma el Gobierno, sea del color que sea. Es imposible que CiU asuma una ley que vincula el uso de la vivienda a su función social y no a su valor comercial, pues ellos han hecho justo lo contrario durante más de 20 años. El propio PSC ya ha anunciado medidas de blindaje de poder para que no se repitan "los errores del tripartito". El efecto colateral es que todo aquello que vaya más a la izquierda del túnel de Bracons o de la línea de alta tensión, será neutralizado.
La asunción del área de la vivienda por un partido de izquierdas como es ICV -autor de la ley- desde la República, que se dice pronto, podría empezar a dar solución a un problema que tiene mucho que ver con los 40 años de dictadura. Uno de los pocos derechos que tenían los españoles durante el franquismo era el de comprar. El Estado, paternalista en muchos aspectos, se limitó, en el caso de la vivienda, a hacer unas indignas colonias de casas para controlar el barraquismo y ubicar las rápidas emigraciones. Eran viviendas de muy baja calidad, que con los años han dado más problemas que otra cosa.
El caso es que si uno es propietario, es más fácil que recele de la izquierda. Se sabe que cuanto más tienes que proteger, más espantan las políticas sociales. Sobre esta base, la vivienda nunca se asumió como un servicio público y se dejó al ciudadano en manos de los especuladores, dando cancha a personajes oscuros como el desaparecido Gil y Gil (que en paz no descanse). Además, ante un entorno hostil, muchos optaron por crear sus pequeños oasis de libertad en sus casas, y para eso debían ser suyas.
Esta cultura de la vivienda de propiedad nos ha sido inducida y la hemos asumido como natural. Los gobiernos democráticos han refrendado con sus leyes esta opción y sólo se distinguen en las facilidades al acceso de compra que ofrecen a sus ciudadanos.
Esta nueva ley también legisla en esta dirección, por supuesto, pero introduce algunos cambios importantes, como es el importante aumento del porcentaje de viviendas de propiedad pública que cada población deberá tener. La ley señala que el sector público "se compromete a adoptar medidas destinadas a la existencia suficiente y adecuada de vivienda asequible para la población". Es un compromiso importante, los ciudadanos queremos que el Gobierno asuma ese compromiso. Que levante la mano quien no lo quiera, salvo las inmobiliarias.
Con la Ley del Derecho a la Vivienda se podría iniciar un lento pero interesante cambio de orientación. Entre otras cosas, la ley penaliza la desocupación permanente de viviendas, cosa que en Barcelona es casi una epidemia, y puede llegar a forzar la puesta en alquiler de éstas. Se obliga a los propietarios a conservar los edificios y se les puede llegar a expropiar si no lo hacen. Este aspecto es importante en los barrios históricos de los núcleos urbanos, donde con la actual ley si el coste de la rehabilitación supera el 50% del precio del inmueble, se puede derrumbar y edificar uno nuevo. La táctica es dejar degradar los edificios con rentas bajas hasta que el mal estado del edificio permita demolerlo y echar a los inquilinos. Esta práctica ha dejado a muchos arrendatarios, con alquileres bajos y a menudo de edad avanzada, en la calle.
Ya nos perdonarán, pero desde aquí, desde la acera, el Parlament y sus entresijos nos dejan más fríos que otra cosa, si se permite que avances sociales como esta ley se dejen olvidados en un cajón hasta que la "dinámica parlamentaria" necesite una polémica al respecto, donde todos nos prometerán, y nunca mejor dicho, baratos y bonitos castillos en el aire.